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El objetivo de esta palanca es la transformación del modelo productivo y ocupacional hacia uno de mayor valor añadido, a través de tres ejes principales.
En primer lugar, gracias a la aceleración de transferencia de tecnología desde universidades, centros públicos (y mixtos) de I+D+i a las pymes (reduciendo endogamia, introduciendo meritocracia real y favoreciendo salidas y retornos desde el mundo académico al empresarial y viceversa). En segundo término, por la reforma de ley de patentes para estimular la innovación y su difusión equilibrando intereses entre grandes firmas innovadoras y resto de la sociedad (sobre todo las pymes). Y, por último, aumentando la capacitación de la fuerza de trabajo acelerando la Formación Profesional en nuevas tecnologías especialmente.
La transferencia de tecnología a pymes se llevaría a cabo buscando un aumento de la autonomía y la responsabilidad financiera de centros estatales y de las comunidades autónomas de I+D+i (deben cubrir costes forzando su actividad comercial). Se impulsaría la compra pública innovadora por administración pública en programas de digitalización y adopción de nuevas tecnologías que arrastren desarrollo de oferta en el país. Y el impulso de la Formación Profesional en nuevas tecnologías debe centrarse en dotar de más libertad al alumnado en la búsqueda de empresas en las que cursar las prácticas, y el fomento de acuerdos entre centros educativos y centros tecnológicos.
Como mecanismos de rendición de cuentas se crearía un cuadro de mando (indicadores estratégicos) a nivel país, comunidad autónoma y sector sobre objetivos varios:
– Evolución sectorial de valor añadido, empleo, exportaciones inversión total, desglosada por sectores de “alto” “medio” y “bajo” valor añadido.
– Evolución de inversión en capital riesgo y peso de financiación por sectores (o actividades) de elevado valor añadido sobre total de financiación pública y privada.
– Indicadores de adopción de nuevas tecnologías por sector tamaño de empresa (ej. grado de adopción de tecnologías digitales).
– Indicadores de nuevas empresas creadas y que se acogen a segundas y terceras rondas de financiación por sectores de actividad.
– Evolución anual de escala de empresas (número empleados, facturación) por sector y tramo.
– Evolución de porcentaje de alumnos de Formación Profesional ocupacional, reglada sobre total por franja de edad (y en particular en nuevas tecnologías).
– Desarrollo y extensión de la red de banda ancha.
– Evolución de convenios de colaboración público-privados en I+D+i (número, volumen, sector, número de empresas que se acogen) y evolución de inversión por centros de I+D+i.
– Ejecución de programas públicos de I+D+i vs. presupuesto.
Otras medidas no tienen coste, sino que exigen voluntad de modificación del marco jurídico creando incentivos adecuados (ej. estimular que las universidades y centros públicos de I+D+i busquen y firmen más convenios de transferencia de tecnología con las pymes, permitiendo que se queden con una parte de la nueva facturación).