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Según la evaluación, realizada por Renovate España para nuestro país, y en comparación con otros siete países europeos (Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Irlanda y Polonia), se puede afirmar que España “suspende” en rehabilitación energética.
En los últimos 10 años se han aprobado normas que van en la buena dirección, pero no se están aplicando por falta de desarrollo posterior y de asignación de dinero para el cumplimiento de lo previsto en ellas. Existe por tanto falta de efectividad, concreción y asignación de recursos económicos por parte de Administraciones de distinto nivel, para cumplir con las estrategias ya definidas y con la legislación desarrollada en la última década.
Algunas de las principales normas necesitadas de un desarrollo exhaustivo son:
– Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
– Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.
– Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Por tanto, se propone que la Administración Central ponga en marcha instrumentos al máximo nivel para impulsar la rehabilitación energética de los edificios en España, concretamente:
– Una ventanilla única para propietarios de edificios, empresas del sector, y administraciones públicas (departamento administrativo, sitio web).
– Una identificación clara de actuaciones prioritarias que recibirán apoyo: reforma de envolvente térmica de edificios, mejora de la eficiencia de instalaciones térmicas, mejora de la eficiencia de sistemas de iluminación.
– Una identificación clara de recursos financieros disponibles, tanto para el público en general, como a colectivos prioritarios, como por ejemplo familias con bajos recursos económicos y determinados barrios, municipios o tipologías constructivas con dificultades estructurales para ser reformados.
– Una campaña permanente de comunicación a todos los agentes del sector, dando a conocer los recursos disponibles e incentivando su uso.
– Un análisis periódico de las barreras existentes y de las medidas en marcha para superarlas.
– Un repositorio permanente de información sobre el estado energético de los edificios y de las rehabilitaciones realizadas con cargo a los programas de ayudas (apoyándose en el Catastro y otras bases de datos de la Administración).
– Un observatorio de la evolución legislativa europea en la materia, para pasar de ser “los últimos de la clase” en la trasposición de normativa Europa, a ser de los primeros.
Como cualquier medida adscrita al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, la gestión general de la misma estaría a cargo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
El Ministerio de Energía y la CNMC tendrían que evaluar la necesidad o no de introducir las modificaciones regulatorias pertinentes (ejemplo: adecuación de facturación eléctrica; obligaciones de las comercializadoras, etc.) y en su caso desarrollar las mismas.
Se debería evaluar la necesidad de involucrar a otros ministerios (Hacienda; Asuntos Sociales) al requerir la medida el establecimiento de criterios de renta y su adecuada evaluación/monitorización.
Además de la estructura actual de la Administración, sería necesario apoyarla con una estructura administrativa que refuerce la importancia de la sostenibilidad. Un departamento administrativo de alto nivel y con una buena interlocución tanto con los ministerios afectados: energía, industria, vivienda, medio ambiente, como con administraciones autonómicas y locales.
Idealmente, podría ser un segundo nivel dentro de un “Ministerio de sostenibilidad y transición energética” -al mismo nivel que lo responsables de eficiencia energética en Industria y en Transporte-.
Como mecanismo de rendición de cuentas se propone la creación de un repositorio público permanente de información sobre el estado energético de los edificios y de las rehabilitaciones existentes (apoyándose en el Catastro, los informes de certificación energética de edificios y otras bases de datos de la Administración).
Se puede contemplar la integración de datos de otras fuentes, como por ejemplo los consumos energéticos medidos por las empresas suministradoras de energía.
Este repositorio sería accesible a todos los agentes del sector: propietarios, empresas, administraciones, y facilitaría la creación de mercados para la rehabilitación, identificando la demanda.
Por otra parte, la “ventanilla única” facilitará el acceso a datos agregados de la evolución de la actividad rehabilitadora, y comparativas entre regiones y con otros países.
Los principales beneficios que se obtendrían con esta medida serían:
– Probablemente el mayor “yacimiento” de eficiencia energética disponible está en los edificios (40% de consumo energéticos ocurre en los edificios), y una gran mayoría de ellos presenta oportunidades para la optimización.
– Mejores edificios redundan en mejor competitividad del país.
– Desarrollo de una industria innovadora y potencialmente exportadora dentro del sector complicado que es el de la construcción.
– Actividad intensiva en empleo, y en particular empleo local.
– Además, mejoraría la inclusión ya que la edificación está íntimamente ligada a la vivienda, y la vivienda directamente relacionada con la inclusión. El efecto inclusivo se puede modular dando mayor prioridad a actuaciones para personas o barrios desfavorecidos, y de actuaciones para mitigar la pobreza energética. En muchos países se ha utilizado la vivienda social (principalmente vivienda pública en alquiler y de renta protegida) como modelo y banco de pruebas para este tipo de actuaciones.
Fuente aquí.
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Respecto a los costes de las actuaciones de rehabilitación en sí, se sitúan el rango de los miles de millones de euros al año, pero no son objeto de esta propuesta -lo que sí que entra dentro del ámbito de la misma es desarrollar dichas herramientas de financiación, sobre las cuales existen numerosas propuestas, alternativas y modelos internacionales-.
Los principales riesgos de la adopción de esta medida son:
– Complejidad de lograr la participación de todos los “stakeholders” involucrados: propietarios de edificios, gestores, empresas, administraciones
– Complejidad del entramado administrativo responsable de la edificación: a niveles administrativos en Administración central, autonómica, local y en aspectos transversales como en industria, energía, fiscalidad, medio ambiente, urbanismo…
– Para que esta iniciativa sea efectiva y útil para los agentes, deber ser mantenida en el tiempo, y no sujeto a que los instrumentos “desaparezcan” después de un cambio político.