Autores: Sebastián Aliaga, Catalina Hernández, Fernanda Saavedra, Amanda Sanhueza, Consuelo Araya, Mauricio Cancino y Javiera González
En Chile, cada vez más personas llegan a la vejez viviendo solas o en hogares pequeños, en un contexto donde la soledad se ha convertido en un desafío social creciente. Paralelamente, la revolución digital ha transformado radicalmente la manera en que nos comunicamos, trabajamos y accedemos a servicios, configurando un mundo interconectado que avanza a gran velocidad. Sin embargo, para muchas personas mayores esta nueva realidad sigue siendo lejana: las barreras de acceso y aprendizaje digital las mantienen al margen, limitando su participación social y profundizando desigualdades en el acceso a oportunidades, información y servicios esenciales. Reducir esta brecha no es solo una cuestión tecnológica, sino una necesidad urgente para garantizar inclusión, bienestar y equidad en la vida digital.
En este escenario, la presente palanca de política pública busca promover la inclusión digital de las personas mayores, reconociendo su derecho a participar activamente en la vida comunitaria. Más que una intervención acotada a un territorio se plantea como un modelo replicable y adaptable a distintos contextos, articulando esfuerzos entre instituciones educativas, universidades -como la Universidad de Playa Ancha- y organizaciones comunitarias. La propuesta no solo se orienta a disminuir la brecha digital, sino también a fortalecer el bienestar, la autonomía y la integración social, aprovechando las capacidades locales para construir comunidades más justas e inclusivas.
El piloto se implementará en las comunas de El Tabo, El Quisco y Algarrobo, a través de talleres presenciales y visitas domiciliarias en casos de movilidad reducida. La intervención abordará dos dimensiones complementarias: Alfabetización y desarrollo de habilidades digitales y Fortalecimiento de redes de apoyo y vínculos comunitarios en entornos digitales.
ANTECEDENTES
Retos demográficos y respuestas desde las políticas públicas
El Censo 2024 confirma una profunda transformación demográfica en Chile: la población envejece de manera sostenida y la distribución etaria se ha invertido de forma significativa. El porcentaje de personas de 65 años o más aumentó de 6,6% en 1992 a 14% en 2024, mientras que la proporción de menores de 14 años cayó de 29,4% a 17,7% en el mismo periodo. El Índice de Envejecimiento refleja con claridad este cambio: por cada 100 personas menores de 14 años, hoy existen 79 personas de 65 años o más, cifra que en 1992 era de 22,3. A esto se suma que el 11,6% de los hogares está compuesto únicamente por personas mayores, frente al 8,3% registrado hace tres décadas. El tamaño promedio de los hogares también se ha reducido -de 4 a 2,8 integrantes-, con un aumento considerable de los hogares unipersonales (21%) y de aquellos integrados exclusivamente por adultos mayores, que pasaron de 4,3% a 11,6%. Según el INE (2025), Chile presenta actualmente la tasa de envejecimiento más alta de América Latina.
Estos cambios tienen implicaciones sociales y culturales profundas. La Encuesta Bicentenario UC (2023) revela que un 19% de la población no cuenta con un amigo cercano y un 68% no participa en ninguna organización o grupo. La desvinculación social afecta especialmente a las personas mayores, quienes suelen experimentar un aislamiento más marcado tras la jubilación, la viudez, la pérdida de movilidad o la reducción de redes familiares. Aunque vivir solo no implica necesariamente sentirse solo, la ausencia de vínculos afectivos y espacios de interacción sostenida incrementa el riesgo de soledad, con consecuencias negativas para la salud mental y el bienestar emocional.
En respuesta, diversas políticas públicas han buscado fomentar el envejecimiento activo, pero persisten limitaciones en cobertura, articulación y alcance. La evidencia señala la necesidad de que el Estado asuma un rol central en la promoción de una vejez participativa, con oportunidades de aprendizaje y reconocimiento, así como en la garantía de derechos y el acceso a educación continua. También se requiere una coordinación efectiva entre Estado, sociedad civil y sector privado para superar la fragmentación y avanzar hacia políticas integradas y sostenibles (Fassio y Roqué, 2015; Ganga Contreras et al., 2016; García et al., 2024).
Brecha digital generacional: exclusión estructural en la era digital
La digitalización ha generado una nueva forma de desigualdad: la brecha digital generacional. En un contexto donde el uso de tecnologías digitales se ha vuelto indispensable para comunicarse, informarse y realizar gestiones cotidianas, muchas personas mayores enfrentan barreras técnicas, cognitivas, sociales y actitudinales que dificultan su integración plena.
Aunque el 88% de los hogares con personas mayores cuenta con conexión a internet -76% en zonas rurales-, solo el 41% de este grupo la utiliza de manera regular (Observatorio del Envejecimiento, 2024). Más de la mitad declara no saber usar internet y una de cada cuatro personas cree que ya no está en edad de aprender (OEI, Universidad Andrés Bello y Universidad de Granada, 2022). A ello se suma una baja autoeficacia digital -2,9 en uso de computador y 4,2 en uso de celular, en una escala de 1 a 7-, lo que limita tanto la confianza como la disposición a adquirir nuevas competencias.
Factores estructurales como el nivel educacional, la situación socioeconómica, el género y la ruralidad agravan esta exclusión. Las mujeres mayores, las personas con baja escolaridad y quienes residen en zonas apartadas enfrentan obstáculos adicionales. La exclusión digital, además, tiene un fuerte impacto emocional: entre quienes no usan internet, un 54% declara sentirse solo, frente a un 42% entre quienes sí lo utilizan (Observatorio del Envejecimiento, 2024).
Promover la inclusión digital de las personas mayores es, por tanto, una cuestión de derechos y autonomía. No basta con garantizar la conectividad: es imprescindible fomentar una apropiación significativa de las herramientas digitales, que potencie la participación social y el acceso a oportunidades. El modelo que proponemos responde a este desafío mediante estrategias de alfabetización tecnológica y fortalecimiento de redes de apoyo comunitario. Su implementación piloto se desarrollará en las comunas de El Tabo, El Quisco y Algarrobo, con proyección de ser replicable en otros territorios. El objetivo es empoderar a las personas mayores como actores activos de la sociedad digital, reconociendo su experiencia, su derecho a aprender y su papel en la construcción de comunidades más inclusivas y conectadas.
¿CUÁL ES LA IDEA?
A partir de la brecha digital generacional y de la necesidad de fortalecer los vínculos comunitarios de las personas mayores en Chile, proponemos una palanca de política pública que combine el empoderamiento tecnológico con la generación de capital social. Se trata de un modelo de intervención replicable, capaz de implementarse en distintas comunidades sin importar su ubicación geográfica. La experiencia piloto se desarrollará en las comunas de El Tabo, El Quisco y Algarrobo -zonas con alta proporción de personas mayores-, pero el diseño está pensado para adaptarse a otros contextos, tanto en Chile como en el extranjero.
El objetivo general es empoderar a las personas mayores mediante el desarrollo de habilidades digitales, fortaleciendo su integración, autonomía y participación en la sociedad digital. La intervención se organiza en cuatro fases articuladas, asegurando un proceso progresivo y coherente:
- Diagnóstico participativo
En esta fase se identificará cómo se manifiesta la brecha digital en cada territorio, reconociendo que las capacidades, necesidades y barreras tecnológicas varían según el contexto. Se aplicarán encuestas puerta a puerta o telefónicas, entrevistas a líderes comunitarios, funcionarios y familiares, además de un mapeo de los dispositivos disponibles en los hogares (celulares, computadores, tablets). Este levantamiento, con una duración aproximada de dos semanas, permitirá diseñar una propuesta adaptada a la realidad local.
- Campaña de difusión comunitaria
Diseñada a partir de los hallazgos del diagnóstico, esta campaña promoverá el derecho a la ciudadanía digital e invitará a participar en el programa. Será liderada por monitores digitales jóvenes —estudiantes de liceos, universidades o programas sociales— que actuarán como puentes intergeneracionales. La estrategia incluirá actividades en liceos, juntas de vecinos, centros de madres y clubes de adultos mayores, así como la difusión en radios comunitarias, de alta llegada al público objetivo.
- Talleres de alfabetización digital
Con una duración de dos meses, estos talleres comprenderán ocho sesiones semanales de dos horas cada una. Serán diseñados y coordinados por la Universidad de Playa Ancha, en colaboración con organizaciones especializadas como la Fundación Conecta Mayor, y se realizarán en espacios comunitarios facilitados por los municipios. Los contenidos abordarán: uso básico de celulares y tablets; manejo de redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram); acceso a plataformas estatales y bancarias (correo electrónico, Clave Única, Fonasa, Registro Social de Hogares, Comisaría Virtual); y prevención de fraudes digitales y alfabetización mediática. Los facilitadores formados por la UPLA conducirán las sesiones, acompañados por monitores jóvenes que brindarán apoyo personalizado.
- Acompañamiento comunitario y redes de apoyo digital
Tras los talleres, los monitores mantendrán contacto activo mediante grupos de WhatsApp, llamadas y visitas, para resolver dudas, asistir en trámites en línea y abordar problemas técnicos cotidianos. Este seguimiento busca reforzar los aprendizajes, promover la socialización digital y afianzar la confianza tecnológica.
La propuesta incorpora una dimensión relacional que activa formas de capital social (Bourdieu, 2006; García, 2006), fomentando vínculos intergeneracionales y comunitarios que fortalecen la confianza, el acceso a la información y el sentido de pertenencia. El involucramiento juvenil cumple un rol tanto técnico como simbólico: visibiliza y apoya a las personas mayores, desafiando estereotipos sobre su supuesta incapacidad tecnológica.
En este modelo, los municipios desempeñan un papel facilitador, proporcionando espacios, difundiendo la convocatoria, articulando con organizaciones locales y contribuyendo a la sostenibilidad. Sin embargo, la palanca se sostiene principalmente en la articulación comunitaria entre universidades, organizaciones sociales y voluntariado juvenil, lo que le otorga flexibilidad y potencial de expansión a distintos territorios.
¿QUÉ ERRORES O PROBLEMAS BUSCA SOLUCIONAR?
El envejecimiento de la población plantea desafíos urgentes en términos de inclusión, autonomía y participación social de las personas mayores, especialmente en un contexto de acelerada digitalización. Uno de los problemas más críticos es la brecha digital generacional, que limita el acceso autónomo a trámites, beneficios estatales y servicios esenciales, hoy en su mayoría disponibles en línea.
Esta brecha no responde únicamente a la edad, sino que resulta de la interacción entre factores estructurales y subjetivos: un bajo nivel de educación digital, la falta de acceso a dispositivos o a una conexión estable, la escasa oferta formativa adaptada a sus necesidades, barreras actitudinales -como la idea de que “esto no es para mí”- e incluso limitaciones físicas o cognitivas leves que no se abordan desde un enfoque inclusivo. En la práctica, esto se traduce en que muchas personas mayores no logran realizar de manera independiente gestiones en el Registro Social de Hogares, Fonasa o la Comisaría Virtual, quedando dependientes de familiares o funcionarios para resolver asuntos básicos.
A ello se suma un riesgo creciente: la vulnerabilidad frente a fraudes y estafas digitales. La falta de alfabetización tecnológica reduce la capacidad de reconocer fuentes confiables, proteger datos personales o identificar intentos de engaño, lo que puede generar pérdidas económicas y aumentar la desconfianza hacia el entorno digital.
La combinación de exclusión, dependencia y vulnerabilidad no solo limita el ejercicio de derechos, sino que también profundiza el aislamiento social, incrementa la frustración y deteriora el bienestar emocional. Las políticas públicas actuales no han respondido con la rapidez ni la sensibilidad territorial que exige la transformación digital, ni han desarrollado estrategias diferenciadas que atiendan las diversas realidades culturales y sociales de la población mayor.
Frente a este panorama, la palanca Conectando Terceras Redes propone una intervención práctica, localizada y acompañada, orientada a desarrollar habilidades digitales, fortalecer los vínculos comunitarios y generar confianza tecnológica. El propósito es reconocer y potenciar a las personas mayores como sujetos activos en el espacio digital, con la autonomía necesaria para desenvolverse y participar plenamente en una sociedad interconectada.
¿QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DE GESTIONAR LA IDEA?
La propuesta se concibe desde un enfoque bottom-up, en el que la comunidad no solo participa, sino que asume un rol protagónico en todo el proceso. Las personas mayores son consideradas sujetos activos, involucrándose desde su inscripción voluntaria hasta la etapa de retroalimentación del proceso formativo, lo que refuerza su autonomía y su papel en la vida comunitaria.
El liderazgo de la palanca recae en una alianza colaborativa compuesta por clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, centros educativos y líderes comunitarios, reconocidos como gestores clave para la implementación y sostenibilidad de la iniciativa. Estos actores locales cumplen un rol esencial en la convocatoria, la motivación y el fortalecimiento del vínculo con las y los participantes, asegurando una participación significativa y sostenida. Todo este trabajo se desarrolla bajo un enfoque territorial que aprovecha las dinámicas, recursos y relaciones propias de la comunidad.
La Universidad de Playa Ancha (UPLA) asume un papel central como coordinadora técnica y pedagógica del programa. Será responsable de la formación de estudiantes voluntarios que actuarán como monitores digitales, así como del acompañamiento metodológico en el desarrollo de los talleres. Esta articulación fortalece el vínculo entre la universidad y el territorio, generando aprendizajes mutuos y enriqueciendo la experiencia de ambas partes.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil especializadas en inclusión digital, como la Fundación Conecta Mayor, aportarán con su experiencia metodológica, materiales educativos adaptados y apoyo técnico para adecuar los contenidos a las necesidades específicas de la población mayor.
Si bien las municipalidades de El Tabo, El Quisco y Algarrobo no liderarán directamente la implementación, sí desempeñarán un rol estratégico como socios, facilitando espacios comunitarios, proveyendo infraestructura básica y apoyando la difusión de la iniciativa a través de sus redes institucionales.
Este modelo de gobernanza distribuida, basado en la corresponsabilidad entre actores comunitarios, educativos y sociales, ofrece ventajas claras: aumenta la flexibilidad, refuerza la legitimidad, favorece la sostenibilidad y evita una excesiva institucionalización del proceso. Al no instalarse como una estructura adicional ni generar mayor carga administrativa a nivel municipal, la palanca se mantiene ligera y adaptable, facilitando su replicabilidad en otros territorios con características similares.
¿QUÉ MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS O MEDICIONES SE PUEDEN PONER EN MARCHA?
Para garantizar la efectividad de la palanca, se propone un sistema de monitoreo y evaluación territorial, de bajo costo y centrado en resultados concretos. Este sistema permitirá seguir el avance del programa, corregir desvíos, rendir cuentas a la comunidad y documentar aprendizajes para su futura expansión.
Desde el inicio, se dispondrá de herramientas simples para el seguimiento continuo. La Universidad de Playa Ancha (UPLA), como articuladora técnica, coordinará el levantamiento de información básica, que incluirá registros de asistencia, encuestas breves de satisfacción al término de cada sesión y bitácoras de seguimiento completadas por los monitores digitales voluntarios. Estos instrumentos permitirán medir la permanencia de los participantes, su percepción sobre los contenidos y las barreras persistentes, posibilitando ajustes en tiempo real.
La evaluación de impacto se basará en una línea de base inicial y una encuesta de cierre, aplicadas antes del primer taller y durante la última sesión del ciclo formativo. Estas encuestas -de unos 15 minutos- evaluarán cambios en tres dimensiones clave: habilidades digitales básicas (uso de celular, WhatsApp, navegación web), autonomía en trámites en línea (Clave Única, Fonasa, Registro Social de Hogares) y confianza en el uso de tecnologías. El levantamiento estará a cargo de equipos municipales, con apoyo metodológico de una ONG colaboradora -como la Fundación Conecta Mayor- y, eventualmente, estudiantes en práctica de carreras afines.
En paralelo, se conformará una mesa intercomunal de seguimiento, como espacio de coordinación y mejora continua. Con reuniones mensuales, estará integrada por representantes de municipalidades, organizaciones sociales, universidades, clubes de adultos mayores y monitores voluntarios. Su función será revisar avances, resolver cuellos de botella y proponer ajustes inmediatos. Además, al cierre de cada ciclo bimensual, se realizará un encuentro público en cada comuna, con entrega de diplomas, testimonios de participantes y presentación de resultados a la comunidad.
El sistema de monitoreo seguirá cuatro fases:
– Levantamiento de línea base (dos semanas antes del inicio, complementando el diagnóstico participativo general).
– Seguimiento durante las ocho semanas de ejecución.
– Evaluación de cierre (última semana del ciclo).
– Informe semestral de resultados, publicado en las plataformas municipales y presentado en los concejos municipales, asegurando transparencia y acceso público.
En cuanto al financiamiento, los recursos para el monitoreo provendrán del presupuesto general de la palanca, aprovechando herramientas de bajo costo y alta replicabilidad: formularios digitales gratuitos, impresión en dependencias municipales y trabajo voluntario de monitores y estudiantes. Si se requiere asesoría técnica especializada, se recurrirá a convenios con la UPLA, que aporta un respaldo institucional clave por su carácter de universidad regional y su vinculación con el territorio.
Este sistema permitirá verificar el cumplimiento de los objetivos, socializar resultados, fortalecer la transparencia y respaldar la escalabilidad de la palanca en otros territorios.
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS POTENCIALES DE LA IDEA Y CUÁLES SUS COSTES?
La implementación de esta palanca ofrece beneficios directos para las personas mayores y las comunidades locales, con un impacto que trasciende lo individual y fortalece la cohesión social y la autonomía colectiva.
En el plano individual, el acceso autónomo a plataformas digitales como el Registro Social de Hogares, Fonasa o la Comisaría Virtual permitirá a las personas mayores ejercer sus derechos sin depender de terceros, reduciendo su vulnerabilidad y aumentando su control sobre la vida cotidiana. Esta autonomía digital se traduce en mayor capacidad para tomar decisiones informadas y gestionar asuntos personales con independencia.
En el plano comunitario, el programa fomenta redes de apoyo presenciales y digitales que combaten el aislamiento social. Según el Observatorio del Envejecimiento UC (2024), quienes utilizan herramientas digitales de forma habitual reportan menores niveles de soledad y mayor bienestar subjetivo. La interacción con jóvenes voluntarios y el aprendizaje grupal fortalecen los vínculos intergeneracionales, generando sentido de pertenencia y participación activa, especialmente en comunas con altos índices de hogares unipersonales y baja participación ciudadana.
A nivel institucional, la propuesta promueve la colaboración entre municipios, organizaciones sociales y centros educativos, articulando capacidades locales para reducir la brecha digital en la vejez. Esta articulación no solo responde a una necesidad inmediata, sino que instala prácticas y aprendizajes replicables en otras áreas de gestión pública, fortaleciendo la capacidad de respuesta de comunidades y gobiernos locales.
En cuanto a los costos, la implementación considera dos componentes principales: equipamiento tecnológico y recursos humanos. Por comuna, se estima el siguiente presupuesto:
– Equipamiento digital: $3.000.000 CLP (tablets o notebooks y equipos de conexión WiFi).
– Materiales impresos y didácticos: $500.000 CLP (guías, cartillas, hojas de trabajo).
– Formación de monitores y coordinación: $1.500.000 CLP (inducción, seguimiento, viáticos).
– Campaña de difusión y convocatoria: $300.000 CLP.
– Total, estimado por comuna: $5.300.000 CLP.
El financiamiento puede provenir de fondos regionales (FNDR), presupuestos municipales, programas de SENAMA y alianzas con universidades o fundaciones como Conecta Mayor. El uso de infraestructura pública existente contribuirá a reducir costos adicionales.
Para asegurar la sostenibilidad, se propone que el programa se consolide como una línea permanente en las oficinas municipales del adulto mayor, ampliando progresivamente la cobertura e incorporando nuevos grupos. La sensibilización comunitaria será clave, involucrando a vecinos, organizaciones y actores locales para instalar la alfabetización digital en la vejez como un derecho y una oportunidad de cohesión social.
Entre los riesgos, se considera una posible baja convocatoria inicial, que se mitigará con campañas inclusivas y testimonios motivadores, y la dependencia de voluntarios, que se abordará mediante la formación de monitores locales para asegurar continuidad, autonomía y replicabilidad a largo plazo.
¿LA IDEA AUMENTARÁ LA INCLUSIÓN ECONÓMICA Y/O MEJORARÁ LA AUTONOMÍA? SI ES ASÍ ¿CÓMO?
La propuesta fortalece, de manera prioritaria, la autonomía y la ciudadanía digital de las personas mayores, al tiempo que puede generar efectos indirectos en su inclusión económica. En un contexto marcado por el envejecimiento acelerado, el aumento de hogares unipersonales y los altos niveles de soledad, la brecha digital profundiza desigualdades y restringe el ejercicio pleno de derechos. Al ofrecer talleres de alfabetización digital y redes de acompañamiento, la iniciativa no solo entrega herramientas técnicas, sino que también empodera a las personas mayores para desenvolverse con independencia en entornos digitales, reduciendo su dependencia de terceros y reforzando su capacidad de decisión.
El acceso autónomo a plataformas como el Registro Social de Hogares, Fonasa o la Comisaría Virtual les permite realizar trámites esenciales sin intermediarios, disminuyendo la exposición a situaciones de exclusión institucional y aumentando el control sobre su vida cotidiana. Asimismo, la participación en redes sociales digitales y espacios de interacción en línea favorece la integración afectiva y cultural, derriba mitos sobre la supuesta incompatibilidad entre vejez y tecnología y promueve una vejez activa, conectada y digna.
Aunque el objetivo central de la propuesta no es de carácter económico, su implementación puede tener impactos positivos en esta dimensión. Entre ellos, facilitar el acceso a subsidios, pensiones y beneficios sociales a través de canales digitales, reduciendo costos de traslado y mejorando la gestión autónoma de las finanzas. También puede abrir oportunidades en economías colaborativas o de pequeña escala, como el comercio local mediante redes sociales o la participación en grupos comunitarios digitales.
En suma, esta iniciativa actúa como una palanca de empoderamiento que no solo mejora competencias digitales, sino que habilita a las personas mayores para ejercer plenamente su ciudadanía en un mundo cada vez más digitalizado. Con ello, contribuye a una sociedad más justa e igualitaria, en la que la tecnología se convierte en herramienta de inclusión y no en barrera, fortaleciendo la agencia de las personas mayores y su capacidad de participación activa en la vida social y comunitaria.