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Toda ley tiene consecuencias, tanto sociales como económicas. Sin embargo, a menudo ni se conocen, ni se estudian, ni (si existen), se tienen en cuenta estas consecuencias o impacto esperado. Las memorias incluidas en los proyectos de ley españoles son más una declaración de intenciones y antecedentes que un intento serio de analizar qué impacto tendrá el proyecto. Hay varios motivos para esta ausencia de análisis. Primero, los políticos no tienen interés en que sus proyectos estrella sean sometidos a un examen de eficacia. Segundo, hacer esta clase de análisis requiere recursos que no están disponibles para los legisladores españoles.
En algunos países se ha conseguido dotar de recursos al poder legislativo para llevar a cabo este tipo de análisis. La fórmula más efectiva parece ser la creación de una oficina independiente dentro del órgano legislativo que se encargue de llevar a cabo un análisis o “memoria de datos” para cada proyecto de ley. Independientemente de que vea la luz la ley sobre los lobbies, es importante dar cuenta públicamente del proceso, es decir, añadir la “huella” -más allá de las agendas públicas de políticos y altos cargos- de cada propuesta de legislación y de política, tanto para facilitar el conocimiento y la comprensión de la procedencia, el trámite y las modificaciones de las leyes, así como la justificación y argumentación de la posición de los diputados y grupos políticos; como para garantizar la transparencia y permitir saber si se ha producido una influencia desproporcionada de algunos intereses sobre las decisiones públicas.
Se crearía también de forma obligatoria una ficha de evaluación de la eficacia de cada programa de gasto público. Inicialmente, al aprobarse un programa de gasto (excluidos los gastos financieros, trasferencias corrientes y gastos de personal que suponen entre el 60 y 80% del gasto público) en los PGE se asignaría la evaluación de su eficacia a un órgano independiente que iría acumulando los datos. Seis meses después de la finalización del programa este organismo informaría al Parlamento sobre el nivel de eficacia respecto de los objetivos declarados en el proceso de aprobación del programa. Podría suponer más burocracia
Por antigüedad y por recursos el caso más conocido es el de la Congressional Budget Office (CBO) de Estados Unidos. La CBO americana fue creada en 1974 siguiendo el ejemplo de una oficina de análisis legislativo del estado de California. En sus casi 45 años de existencia ha conseguido mantener su imparcialidad, y sus análisis gozan de alta credibilidad ante académicos, políticos y el público (aunque los partidos a menudo los critiquen cuando consideren que se adecúan a sus intereses).
A pesar de su buen funcionamiento, la misión principal de la CBO es evaluar impacto fiscal y presupuestario (por ejemplo, proyecciones de impacto sobre el déficit). Por lo tanto, se deja fuera un pilar importante que es el de la política basada en evidencia. Las evidencias pueden jugar un papel muy importante en varias partes del proceso legislativo. Por ejemplo, puede servir para acotar el menú de políticas que son efectivas para solucionar un determinado problema.
Una Oficina de Análisis Legislativo española podría tener como misión tanto el análisis de impacto presupuestario que tiene la CBO como el de suministrar información al legislador sobre la evidencia disponible sobre un tema en particular. Por ejemplo, si un grupo parlamentario está elaborando un proyecto de ley para combatir la pobreza infantil, los analistas de la Oficina podrían proporcionar un documento con una revisión de literatura sobre políticas efectivas, así como las variables relevantes a tener en cuenta durante el diseño. También podría estar a cargo de la elaboración de memorias de datos o evidencia como requisito de cada proyecto de ley.