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Es importante para la calidad democrática de un país que los ciudadanos sean conscientes de sus derechos y obligaciones. Son los actores políticos los que deben decidir y acordar la definición y el alcance de los mismos, pero independientemente de cuales sean, es también importante que los derechos y obligaciones especificados en nuestra legislación sean comprensibles y accesibles para el ciudadano sin que éste tenga en todos los casos la necesidad de acudir a un intermediario para su interpretación.
La claridad en el lenguaje y la austeridad legislativa pueden ayudar a este objetivo. Pero también la obligación de consolidar legislación, como pasa en algunos países de nuestro entorno. El objetivo de la consolidación legislativa es simplificar el ordenamiento jurídico, mejorar su calidad y contribuir a garantizar la seguridad jurídica con una mejor comprensión de la legislación vigente.
La idea básica sería la obligación de refundir legislación en un nuevo texto jurídico que incluya la legislación actual sobre un tema o un determinado sector cuando se hayan producido modificaciones legales parciales, por su frecuencia, diversidad o complejidad, que aconsejen consolidar en un solo texto la legislación. Obviamente, los textos consolidados no pueden modificar la regulación sustantiva de la materia afectada.
¿Cómo se podría hacer? La iniciativa del procedimiento de consolidación correspondería únicamente al gobierno y a los grupos parlamentarios que la elevarían a la mesa del Parlamento para su tramitación en pleno. Los proyectos y proposiciones de los textos consolidados deben ser tratados por una Comisión específica que haya sido creada al principio de la legislatura para tal fin. La creación de esta Comisión sería preceptiva. Esta Comisión estaría compuesta por un representante de cada grupo parlamentario y por el personal del Parlamento, que, bajo la coordinación de un abogado y con la colaboración de asesores lingüísticos, tiene que cumplir las tareas de asistencia y asesoramiento técnicos de consolidación.
Los proyectos y proposiciones de los textos consolidados no podrán ser objeto de enmiendas al conjunto ni a modificaciones de los artículos puesto que las recomendaciones del informe sólo pueden tener como objeto:
– Eliminar las inconformidades.
– Clarificar los textos.
– Eliminar las antinomias.
– Eliminar las redundancias.
– Armonizar el idioma, los nombres y la estructura de los títulos y capítulos.
– Revisar cualquier error gramatical y mejorar la sintaxis.
La aprobación del texto consolidado corresponde a la Comisión específica creada, que actúa con plena competencia legislativa. El proyecto o la proposición de consolidación se tramitaría por lectura única.
El Comité específico de Consolidación que se crearía al inicio de cada legislatura tendría la obligación de presentar un plan de trabajo que jerarquice las consolidaciones legislativas a efectuar. Para ello, sería necesario cambiar el reglamento del Parlamento. Esta medida afectaría tanto a las Cortes Generales como a los Parlamentos autonómicos.