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Uno de los grandes consensos sobre los defectos de la Política y de la Administración española es la patrimonialización de la política por parte de los cuerpos de la Administración Pública y su recíproco, la politización de la vida administrativa. El corolario es la existencia de una forma de “puertas giratorias” entre política y administración cuyo resultado es, por un lado, la corrupción de la política y, por otro, la ineficacia administrativa. Una medida a estudiar y poner en marcha es la prohibición de retorno a la función pública por parte de un funcionario que decida dedicarse a la política ya sea como miembro del gobierno o presentarse a elecciones para cualquier cámara de representantes.
Esta propuesta está en la línea con los resultados de estudios recientes sobre los rasgos del “Good Government” a nivel internacional, estudios que muestran que países que destacan en esta variable –como los escandinavos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda- han construido su buen gobierno mediante la separación de la carrera funcionarial de la carrera política.
El buen gobierno exige un delicado equilibrio entre, por un lado, conseguir que la administración responda a las directrices de los políticos y, por el otro, evitar una ejecución partidista de las políticas públicas. En esta misma dirección de mejorar el buen gobierno se debería avanzar en una reforma de la Administración Pública que combine mejor la condición de mérito y profesionalidad para acceder y ascender en la carrera funcionarial –como condición necesaria para la independencia de la función pública- con la flexibilidad en el ejercicio de esa función. De nuevo las “managerial administrations” de los países arriba mencionados son un excelente “buena práctica”.
Para lograr una burocracia responsable y, a la vez, impecablemente neutral, la dirección de las administraciones operativas debe permanecer en manos de profesionales que tengan incentivos para satisfacer tanto las demandas de los políticos como los valores públicos de integridad, neutralidad e imperio de la ley. Los nombramientos a dedo de altos cargos aseguran lo primero a costa de lo segundo. La funcionarización de esos puestos lo segundo a costa de lo primero. Y si, como en España, se combina el “dedazo” con la necesidad de muchos de esos altos cargos sean funcionarios de carrera, puede que no consigamos nada: por un lado, la competición por esos puestos queda restringida a un grupo muy concreto de profesionales (los miembros de unos cuerpos determinados) y, por el otro, la imparcialidad queda manchada por la discrecionalidad política al elegirlos. De forma que, muy temprano en su vida laboral, los funcionarios de carrera pueden desarrollar interés en cultivar sus relaciones políticas –y no tanto sus competencias profesionales– para ascender en la jerarquía.
Los países que puntúan más alto en los indicadores de calidad de gobierno han desarrollado mecanismos para reducir la politización de la administración y su anverso, la burocratización de la política. Por ello, muchos han optado por crear la figura del directivo público.
El retrato robot de un directivo público es el de un profesional elegido, primero, por un amplio consenso, de fuerzas políticas y/o de otros “stakeholders” (de otras instituciones públicas o de la sociedad civil) a menudo representados en un Consejo de Administración; segundo, a través de un proceso abierto, transparente, público y competitivo; y, tercero, para un mandato concreto, que idealmente no debería coincidir con el ciclo electoral, para evitar el frecuente baile de cargos tras un cambio de gobierno.
¿Deben los directivos públicos, y similares cargos independientes, ocupar el escalón inmediatamente inferior al ministro, tal y como vemos en países de tamaño pequeño como Dinamarca o Nueva Zelanda? ¿O quizás deben coexistir con una delgada capa de cargos de completa discreción política, como sucede en países más grandes, y federales, como Alemania o EE.UU.? Es posible que España se asemeje a estos segundos. Sin embargo, a diferencia de estos, en España la politización de la administración se extiende de forma más pronunciada de los altos niveles de dirección política a los niveles medios de gestión pública, incluyendo directores de hospitales, de servicios técnicos o de corporaciones públicas de medios de comunicación.
Urge por ello insertar en la jerarquía administrativa unos niveles de dirección pública que separen nítidamente lo que pertenece al ámbito de la política de lo que pertenece al ámbito de la administración.