Con el objetivo de mejorar el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas, basadas en la evidencia empírica y científica disponible, se propone la creación de un hub de datos.
Cada propuesta de política pública implementada debe adjuntar, además de una memoria económica (que ya es obligatorio y cuya mejora daría para otra propuesta de reforma también muy necesaria), una “memoria de datos” (o de “inteligencia institucional”). Es decir, debe especificar el modo en el cual se van a recoger datos que permitan realizar un análisis ex ante de la pertinencia de la implementación de la política pública y, sobre todo, una evaluación ex post de sus efectos (para lo que es necesario recoger datos ex ante). La memoria de datos debe venir informada por un organismo experto en recolección de datos para el diseño y evaluación de políticas públicas.
El órgano encargado de llevar a cabo la propuesta sería creado ex novo y se trataría de crear un organismo que centralice el diseño de recolección de datos y del mantenimiento posterior de las bases de datos creadas (garantizando que los datos sean anónimos). Se trataría de una especie de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) de las políticas públicas que asumiría también la coordinación de la construcción de bases de datos que puedan ser utilizadas en investigación.
Además de coordinar la construcción de bases de datos a partir de aquellos ya existentes, tendría asignadas competencias para sistematizar la recolección de datos de cada nueva política pública implementada. En este sentido, cada unidad dentro del sector público debería comunicar la política pública planeada a la unidad y esta debe plantear propuestas de recolección que permita el análisis antes, durante y después de la implementación de cada política.
Muchas políticas públicas fracasan porque no se tienen datos que permitan realizar un análisis ex ante de la situación del sector o los usuarios a quienes van dirigidas. Asimismo, muchas políticas, una vez implementadas, tienen efectos distintos a los inicialmente esperados por el legislador. Los ejemplos son incontables.
El primer ejemplo es una política americana que consistió en la reducción del número de alumnos por clase en California en 1996. Años después, el análisis de sus efectos mostró que el rendimiento académico de los alumnos había disminuido después de la reducción del número de alumnos por clase. El análisis también mostró que fue debido a que la rebaja del número de alumnos obligó a contratar de golpe muchos profesores, con lo que el nivel medio del profesorado bajó y el “efecto calidad del profesor” fue mayor que el efecto “aulas con menos alumnos”. Este estudio se pudo realizar por la existencia de datos muy detallados sobre la situación de los colegios de California antes y después de la implementación de la política pública. En Colombia es prácticamente imposible hacer análisis similares.
Otro ejemplo es la política de la Junta de Extremadura de hace algunos años (2011, Plan 18-25) consistente en dar un cheque por valor de 1000 euros a todos los ciudadanos entre 18 y 25 años que, no habiendo acabado la educación secundaria en el momento de implementar el plan, se matricularan y aprobaran la secundaria en los años posteriores. Una evaluación reciente ha mostrado que esta política no consiguió que se matricularan más alumnos de los que se habrían matriculado en ausencia de esta. Nuevamente, el análisis se pudo realizar gracias a la generosidad del departamento concreto de la Junta de Extremadura que aplicó la política y dio acceso a los datos a un grupo de investigadores de la Universidad de Extremadura.
Por último, un ejemplo para Colombia se evidencia en la política pública nacional de equidad de género para las mujeres (Conpes 161) y el Plan Indicativo para el periodo 2013-2016. A pesar de muchos resultados positivos alcanzados por la ley, una mala caracterización de la población objetivo llevó a que no se diagnosticaran algunos fenómenos relacionados con la salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Debido a lo anterior, no se implementaron acciones para combatir la violencia obstétrica, ni se incluyeron aspectos como la atención en salud a mujeres LGBTI o con discapacidad. Este análisis fue posible gracias a Proyectamos Colombia S.A.S por su evaluación institucional y de resultados con enfoque participativo.
Para este caso se hizo una evaluación completa de la efectividad de la política pública; sin embargo, en ocasiones, los investigadores enfrentan la imposibilidad de analizar una política debido a la ausencia de datos, o con la enorme resistencia del sector público a compartirlos con los que disponen. Unas veces por razones políticas y otras simplemente porque los datos no se recogieron de una forma que permita su análisis posterior. Esto se traduce en políticas implementadas sin una evidencia científica o empírica que las avale, y en políticas que no se retiran a tiempo por no haber sido correctamente evaluadas o no se modifican para conseguir que funcionen mejor.