Creación de una agencia independiente de evaluación de políticas

La evaluación de políticas es una actividad imprescindible para garantizar el buen uso del dinero público. A día de hoy, tras la fallida creación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), España se encuentra en una fase embrionaria –criticada por organismos internacionales como la OCDE- por lo que respecta a la medición y evaluación de los programas y políticas que se aplican en los distintos niveles de la Administración.

En el contexto que ha dejado la crisis económica es necesario entender la evaluación no como un control, sino como instrumento del uso eficiente del dinero público, es decir, como un mecanismo de aprendizaje a pequeña escala de proyectos que, una vez demostrado su impacto, pueden ser replicables a gran escala.

En la línea de otros países como el Reino Unido, Canadá o Francia, España debe dotarse de un Instituto de Evaluación de Políticas Públicas que analice las políticas planeadas o aplicadas, realizando por tanto evaluaciones ex ante y ex post, así como medidas de impacto de los distintos programas del Estado. Este organismo facilitaría una priorización de las distintas políticas, facilitando también al contribuyente sobre el impacto de las políticas y programas financiados con dinero público. Se pondrían en marcha mecanismos de experimentación política, potenciando la toma de decisiones basadas en la evidencia empírica y los aprendizajes de la economía del comportamiento.

Este Instituto sería una institución autónoma, sin dependencia ministerial y tendría competencias estatales, coordinando así todos los niveles de la Administración (ministerios, comunidades autónomas, diputaciones, y ayuntamientos). Siguiendo con las lecciones aprendidas del fracaso de la AEVAL (2007-2017), sería necesario que este Instituto contase con los recursos suficientes, tanto a nivel económico como de personal, que debería estar capacitado para la realización de análisis de impacto o estudios experimentales. Las políticas a evaluar (tanto ex ante como ex post) deberían estar bien definidas, e implicar a los distintos organismos del Estado. El Instituto rendiría cuentas de forma fija y regular ante el Parlamento.

A su vez, el instituto debería contar con poderes suficientes para reclamar la información necesaria a los distintos organismos. Esto requeriría a su vez que al establecerse una política nueva se generarían los datos sobre sus resultados e implementación, a un nivel de detalle que permitiese su evaluación por parte de esta oficina. El equilibrio parlamentario actual, que fuerza al consenso entre distintas fuerzas políticas, puede ser una oportunidad para instaurar este Instituto de Evaluación de Políticas Públicas en España.